El señor Rafael Quezada Amador pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que actúen con mano dura en contra del peruano Carlos Edualdo Carruitero, quien aparece en la lista de traficantes de tierra que investigan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República.
Carruitero ha aparecido públicamente a través de los medios de comunicación denunciado por conflictos de propiedad, en diferentes partes del país, como en Wasaca, donde miembros de una cooperativa niegan haberle vendido una propiedad.
Otro caso en el que apareció fue en la compra de El Velero, propiedad del Instituto de Seguridad Social (INSS). El peruano aparece el 22 de febrero de 2004 comprando El Velero a través de los oficios del notario Yáder Alejandro Cortés Barberena, en la ciudad de Diriamba.
Según la escritura de venta, la propiedad está ubicada en el lugar conocido como Los Zurrones, Nagarote, León, y tiene una extensión de 127 manzanas de tierra. El inmueble le fue vendido a Carruitero en 7 millones 950 mil córdobas, equivalentes a 500 mil dólares.
Un mes después de haber adquirido la propiedad, Carruitero la hipotecó a favor de Silvia del Socorro Muñoz Gutiérrez, en garantía de un préstamo de 7 millones 950 mil córdobas (500 mil dólares) que le había hecho Muñoz a Carruitero. Las autoridades de gobierno han iniciado las acciones legales para revertir la venta.
El problema de Quezada con Carruitero comenzó en 2005, cuando interpuso una demanda de falsedad civil, después de que éste le falsificó la firma para hacer aparecer que le había vendido una salinera de 97 hectáreas, conocida como El Capado.
Mostró el movimiento migratorio extendido por Migración y Extranjería donde se constata que Carruitero se encontraba fuera del país el 27 de febrero de 2004, fecha de la escritura de compraventa.
La defensa de Carruitero reconoce en su escrito de expresión de agravios ante la CSJ, que si bien es cierto que éste no estuvo en el país el 27 de febrero de 2004....
Explicó que el dueño original de la propiedad era la familia Castillo de León, desde 1978 (Marcos Castillo), con quien hizo un arreglo en 2000 para adquirirla y luego la prendó con Finarca, para obtener un crédito y ponerla a producir.
En mayo de 2004 la cancela a Finarca y ésta le libera la escritura. Pero resulta que Carruitero falsifica las escrituras y hace constar que Quezada le vende la propiedad en febrero de 2004, refiere el denunciante, tras explicar que eso era imposible porque en ese momento el dueño era Finarca.
Además de falsificar la escritura, Carruitero inmediatamente, indicó Quezada, la hipotecó por medio millón de dólares a una señora de nombre Silvia Socorro Muñoz Gutiérrez, de Diriamba, que supuestamente le prestó esa cantidad de dinero.
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